Las 15.15 horas del 13 de noviembre de 2002 quedaron grabadas para siempre como el momento en el que se comenzaría a escribir uno de los capítulos más oscuros de la historia de Galicia. Con tinta negra, por supuesto. En una jornada marcada por temporales con olas de hasta ocho metros, los servicios de Salvamento Marítimo recibieron un mensaje de socorro de un buque situado a 28 millas náuticas -unos 50 kilómetros- de cabo Finisterre (Fisterra, A Coruña). Cinco minutos antes, el capitán de un petrolero monocasco llamado Prestige había escuchado lo que describió como “una explosión”. Fue mucho más que eso.

Este domingo se cumplen dos décadas de aquel mayday, el preludio de una tragedia que comenzó con un barco escorando y perdiendo combustible que solicitaba abrigo en puerto, pero cuyo desenlace fue acabar hundido a más de 3.500 metros de profundidad, a cerca de 320 kilómetros de la costa fisterrana y partido en dos.

Bastan solo unas cuantas cifras para comprender la dimensión de esta tragedia que acabó evidenciando una crisis de gestión del Gobierno popular de José María Aznar y desatando un movimiento social sin precedentes en Galicia. Un total de 2.980 kilómetros de costa afectada y, de ellos, 1.137 playas. Solo en el primer año, los miles de voluntarios retiraron 90.566 toneladas de crudo y arena contaminada. De entre esos restos, también sacaron 20.000 aves muertas, aunque Greenpeace calcula que murieron 200.000. Y de esos voluntarios, 1.923 personas acabaron con problemas respiratorios.

Sin embargo, la moneda tiene dos caras. Después de una década de investigación judicial y una causa que abarcó 400 horas repartidas en 89 sesiones, la mayor parte del grueso de las indemnizaciones sigue en el aire. El Tribunal Supremo (TS) las acabó fijando en 2.500 millones de euros, intereses de demora y costes procesales incluidos, para los perjudicados: España, Francia, Xunta y 265 particulares, entre empresas, cofradías y ayuntamientos.

El Alto Tribunal responsabilizaba así a la naviera del barco -sin activos- y a la aseguradora británica The London Steam–Ship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I Club). Sin embargo, la compañía recurrió a un laudo arbitral llevando la pelota al tejado de la justicia británica.