“¿Puedes venir a por mí?”. Fue el mensaje que Jordi le envió desde el móvil a su madre a las 14.04 del 3 de abril de 2022 desde casa de su padre. Poco antes, el hombre, que tenía una orden de alejamiento de la mujer, había cogido dos cuchillos de la cocina y le había dicho a su hijo “voy a por ti”. “Papá, papá, no se lo diré a mamá” contestó él antes de escribir el mensaje. José Antonio A.C comenzó entonces a acuchillarle dejándole antes coger la llamada de su madre, que llamó presintiendo que a su hijo le pasaba algo. Así, “con la intención de causar el mayor daño posible” a Mª Dolores, el hombre permitió que ella escuchara el auxilio del niño: Jordi, de once años, solo pudo decir “con un grito desgarrador ‘mamáaaaaa’” y acto seguido el teléfono se apagó.

Es el relato que hace la fiscal Rosa Guiralt en sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso elDiario.es, sobre el asesinato del menor en el municipio valenciano de Sueca a manos de su padre, que le asestó 27 cuchilladas. Estaba previsto que el juicio diera comienzo esta semana, pero ha sido suspendido hasta después de las fiestas navideñas. El de Jordi fue uno de los 50 casos de hijos e hijas de víctimas de violencia de género asesinados por hombres, la inmensa mayoría sus propios padres, desde 2013, cuando estos crímenes salieron de la invisibilidad y empezaron a contabilizarse oficialmente.

De ellos, una parte responden a la llamada violencia vicaria: cuando el agresor utiliza a los hijos y llega incluso a matarles para hacer daño a la madre. El caso de Sueca es paradigmático: la Fiscalía describe cómo José Antonio A.C ejerció durante años violencia de género contra Mª Dolores, a la que sometió desde 2004 “a una situación de constante control y ejercicio de una posición de poder y dominio sobre ella”, según su escrito de conclusiones. La mujer “cayó en una profunda soledad social” y “hacía todo lo que él quería” para no discutir –prosigue– hasta que el 14 de febrero le dijo a su marido que quería divorciarse poniendo como pretexto que se había enamorado de otro hombre. José Antonio se levantó de la mesa y la agredió, según detalla la Fiscalía.

Un mes después, tras una segunda agresión y ante una violencia “insostenible”, Mª Dolores se fue con su hijo al domicilio de sus padres, en Cullera. Comenzó entonces el acoso, abunda el escrito fiscal, se presentaba en casa de sus suegros y le insistía con llamadas y mensajes diciéndole que “eran una familia” y que “le había roto la vida”, pero la mujer no volvió, insiste la fiscal. José Antonio llegó a escribirle a su cuñado “tu hermana se ha enamorado de otro hombre, le saldrá caro, ahora voy a ser malo y mala persona, que se prepare a tu hermana”, incluyen las conclusiones.

Mª Dolores decidió denunciarle, el hombre fue condenado y se le impuso una orden de alejamiento, pero “comprendiendo finalmente que la mujer no volvería más a casa”, relata el Ministerio Público, “comenzó a insistir en ver al niño” quien pasaba unas horas con él en casa a pesar de que las visitas habían sido suspendidas. Sin embargo, solo un mes más tarde de la condena por violencia de género, otro juzgado diferente dijo todo lo contrario en un proceso paralelo, el de divorcio, que terminó con la imposición de una custodia compartida. Nadie se dio cuenta en ese juzgado de que el hombre había sido condenado por maltrato.

El caso no solo revela un fallo del sistema, también sirve de crudo retrato de la violencia vicaria, un término acuñado por la psicóloga y perito forense Sonia Vaccaro, que lo describe así: “El objetivo es dañar a la madre, quiere que ella viva para sufrir y en parte se lo dice con amenazas como ‘te voy a quitar lo que más quieres’, lo cual nos está diciendo que para estos hombres los niños son un objeto y están dispuestos a utilizarlos para dañarlas”.

La primera investigación sobre este asunto, publicado en 2022 por la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista y coordinado por Vaccaro, dibuja una radiografía de estos asesinatos: en el 82% de los casos el agresor era su padre biológico y casi la mitad, el 44%, se produjeron durante el régimen de visitas. En el 60% de los casos hubo amenazas previas directas y, al contrario de lo que hizo MªDolores, la mayoría no denuncian: solo lo hizo el 24% de las mujeres. Además, la no aceptación de la separación por parte del hombre es una de las causas más comunes desencadenantes del hecho (52%).

El asesinato es la violencia más extrema, pero antes de llegar ahí suelen darse manifestaciones de esta instrumentalización de la infancia a través de un maltrato cotidiano y habitual. “Desde interrumpirles tratamientos médicos que necesitan a no obligarles a hacer la tarea del colegio, no asearles ni cumplir con reglas mínimas del cuidado como horarios de comida o sueño que sí suelen tener con la madre o echar gasolina a cualquier conflicto que hayan podido tener con ella. Al final es un intentar competir con la madre a través de estas estrategias como si diciendo ‘me van a preferir a mí’”, esgrime Vaccaro, que acaba de publicar Violencia vicaria, golpear donde más duele (Desclée De Brouwer).

No todos esos 50 asesinatos de hijos e hijas de víctimas en una década son violencia vicaria. El último, ocurrido en Carabanchel (Madrid), fue un ataque doble y el agresor acabó con la vida tanto de la madre como de la menor, pero sí son todos “asesinatos de género”, como los califica la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell, que tienen por objetivo “ejercer poder y demostrar superioridad”. “Con estos hombres se ve claramente que el arquetipo del pater familias, que tiene 2.500 años, sigue vigente y ha llegado hasta nuestros días. Ellos se creen dueños de su prole, de su mujer y sus hijos, a quienes trata como su propiedad privada y decide quién vive y quién muere”, describe Vaccaro.

Víctimas históricamente invisibles

Cuando Amets y Sara, de nueve y siete años, fueron asesinadas por su padre solo hacía un año que estas víctimas mortales eran registradas oficialmente. Ocurrió el 27 de noviembre de 2014 en Soto del Barco (Asturias), cuando José Ignacio B.A estaba con las niñas en su domicilio. Bárbara García, su expareja y madre de ambas, había decidido denunciarle en mayo de 2013 por malos tratos psicológicos que cometía delante de las niñas. Nunca le consideró violento, pero aseguró que él le había amenazado con “quitarle la casa y las hijas” si le dejaba. La valoración policial de riesgo fue ‘no apreciado’ y el juez archivó la denuncia.

Así consta en el análisis de casos elaborado por el Consejo General del Poder Judicial y así lo cuenta Bárbara nueve años más tarde: “Después de la denuncia desapareció diez meses y apareció con que quería ver a las crías. Ellas no querían verlo y no las entregué el primer día que tenía visitas y me denunció. Apareció en septiembre de 2014 y mira lo que tardó hasta noviembre”, dice en referencia al asesinato, que cometió con una barra de hierro envuelta en papel de regalo antes de suicidarse. Sabe que el objetivo de su expareja era hacerle a ella el mayor daño posible. Y lo consiguió: “Su cometido fue matarme a mí en vida”, afirma.

En aquel momento ni siquiera los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia de género eran considerados víctimas directas, algo que ocurrió en 2015. Pero no fue hasta 2019 cuando el protocolo de valoración policial del riesgo de las denunciantes empezó a incorporar a los menores. El Ministerio del Interior lo hizo unos meses después de que Nerea y Martina, de seis y dos años, fueran asesinadas por su padre, Ricardo Carrascosa, en Castellón, un caso en el que el Estado ha reconocido –en respuesta a una petición de responsabilidad– un “fallo global” por no haber protegido a las menores a pesar de las repetidas ocasiones en las que su madre, Itziar Prats, denunció ante la justicia temer por la vida de sus hijas.

“A día de hoy no espero que Nerea y Martina entren por la puerta de casa y soy consciente de lo que pasó, pero sigo sin entender por qué la jueza no las tuvo en cuenta ni a ellas ni las pruebas que aportamos y mucho menos que no haya habido una responsabilidad por parte de esta jueza ni del fiscal que evidentemente no las protegieron. Mucho menos entiendo que sigan produciéndose asesinatos de niños, niñas y mujeres porque no han encontrado la protección que deben dar las instituciones”, explica Itziar, que ahora reside en Madrid.

De regla a excepción

A las “resistencias que aún vemos a nivel judicial” a valorar a los hijos e hijas al mismo nivel que a las madres que describe Vaccaro, se une, dice, el “calvario” que viven las mujeres que sufren violencia de género pero los menores no son protegidos. Los avances legislativos son una realidad y en 2021 la Ley de Infancia estableció que cuando existan “indicios fundados” de que los niños hubieran “presenciado, sufrido o convivido” con la violencia el juez debe suspender las visitas, una previsión que ha hecho aumentar estas decisiones pero aún son una minoría: en 2020 solo se aplicó en un 3% de los casos mientras que la cifra ascendió al 12,17% en el tercer trimestre de este año.

“Hemos cambiado la regla general. La excepción debe ser que en estos casos haya visitas”, sostiene Rosell, que cree que la falta de aplicación entronca “con algo tan profundo como el patriarcado: un prejuicio basado en considerar que en caso de separación, el interés del menor coincide con estar el máximo tiempo posible con cada uno de los progenitores”, una creencia que “está muy asentada en la sociedad” y que “es errónea” frente al interés “que verdaderamente hay que proteger, que es el de una vida libre de violencias”. La exdelegada nombra también el veto del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) como una de las últimas reformas legislativas, aunque Vaccaro asegura que “se sigue utilizando”.

Pero más allá del ámbito judicial, el periplo de estas mujeres se alarga incluso después del asesinato de sus propios hijos en un escenario marcado por la disparidad entre comunidades a la hora de concederles las ayudas, a la que se suma una burocracia que muchas veces acaba ahogándolas. Bárbara solo tuvo derecho a 3.000 euros anuales durante dos años y a una ayuda para pagar el entierro de sus hijas. Ni siquiera llegó a recibir lo que al padre de las niñas le quedaba por ingresarle de la pensión acumulada (solo 75 euros al mes por cada menor) que un juez le obligó a pagar tras reaparecer después de diez meses sin saber de él.

“Hay cierto olvido social una vez que nos pasa…Y desamparo institucional”, denuncia la mujer, que al haber sufrido el asesinato de sus hijas en 2014 no llegó a beneficiarse de la incorporación de la violencia vicaria a la Ley Integral contra la Violencia de Género, que se produjo hace dos años. Rosell explica que las mujeres como Bárbara han sido “víctimas de una laguna legislativa”, pero reconoce que la disparidad sigue existiendo. Prats apunta a que, aunque ella sigue recibiendo asistencia psicológica, este apoyo permanente “no existe en muchos sitios” y “se limita a un número de sesiones y luego te buscas la vida”.

Una vida que para estas mujeres ha dado un vuelco total ante un vacío que intentan paliar como pueden. Prats ha cambiado su objetivo vital de “una atención plena” a Nerea y Martina a “tratar de que no se produzcan más asesinatos” y la violencia disminuya a través del proyecto educativo y social El latido de las mariposas, impulsado por Isabel Gallardo, y cuyo símbolo reconocible es el de las mariposas moradas tejidas. El propósito de Bárbara es mantener viva la memoria de Amets y Sara: “Para que nadie se olvide de ellas. Me quedo aquí para intentar que ellas dejen esa huella que les fue negada y las recuerden como lo que eran, dos niñas buenas y felices”.

Artículo publicado en elDiario.es el 25-12-2023