Los espacios antrópicos nunca son inocuos. Cualquier espacio nacido de la mano y la mente humanas contiene, por definición, una idea, un relato, un significado originario. Y no me refiero únicamente a edificios o monumentos; también ocurre esto con los elementos más funcionales y, aparentemente, banales o vacuos, como, por ejemplo, una escalera y su barandilla. La magnitud de esta afirmación la aprendí en Buenos Aires, cuando visité la Escuela de Mecánica de la Armada (la ESMA), donde, durante la dictadura cívico-militar, entre los años 1976 y 1983, se detuvo, se violó, se torturó y se exterminó.
Cuando la visité, toqué despreocupadamente la barandilla de una escalera y la guía me llamó la atención: “Cuidado. No toquen la barandilla. Recuerden que aquí, en la ESMA, incluso esta escalera es una prueba pericial del crimen”. En la web describen ese conjunto de peldaños tan poco originales, tan rudimentarios, tan aparentemente inocentes, así: “Por esa escalera eran subidas y bajadas constantemente las personas detenidas-desaparecidas, engrilladas y encapuchadas. El paso de las y los prisioneros por la misma escalera que utilizaban los oficiales alojados en las habitaciones del Casino de Oficiales es una prueba de la naturalización de los crímenes de lesa humanidad allí cometidos”.
Y ahí me di cuenta de la potencia narrativa que esconden las cosas, los muros, las estancias, los edificios, si se los mira con la intención de leerlos. La diferencia entre esa escalera bonaerense —protegida, narrada, contextualizada— y la escalera muda de, por ejemplo, la Puerta del Sol de Madrid, sede de la temible Dirección General de Seguridad, donde se detenía, se torturaba, se violaba, se mataba e incluso se defenestraba gente, reside en la voluntad. Solo eso.
Vivimos en un Estado anómalo que, desde 1977, ha defendido la impunidad de los crímenes franquistas como clave de bóveda de la arquitectura democrática. Por eso, es coherente que haya prevalecido siempre la voluntad de dejar morir los vestigios del crimen; la voluntad de borrar las huellas de un tiempo que se sabe todavía —y siempre— impune. Para decirlo de forma más sencilla: la impunidad de los crímenes franquistas se manifiesta también en la ausencia generalizada de mecanismos de conservación e interpretación sobre los lugares del crimen. Porque aquí, en el Estado español, el dictador murió en la cama del hospital de La Paz, mientras que, en Argentina, Videla murió en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en Buenos Aires, donde cumplía condena por crímenes de lesa humanidad.
Actualmente se usa mucho el término “resignificar” como sinónimo de algo así como “desfranquistizar”; es decir, vaciar de contenido nacionalcatólico o apologético de la dictadura cualquier elemento —ya sea un monumento o un edificio— que permanece en el espacio público. Sin embargo, para poder cambiar la naturaleza de las cosas, hay que hacer un trabajo previo de arqueología. Porque los yacimientos arqueológicos no son solo aquellos que se encuentran enterrados bajo capas de tierra, sino también aquellos que permanecen todavía en pie, esperando ser leídos.
Por eso es tan peligroso confundir el lenguaje y llamar “resignificar” a procesos que, en realidad, se parecen más a cirugías estéticas, en las que se embellece, se tapa y se modifica la naturaleza original. Eso ocurrió en València, en una antigua prisión franquista: el antiguo monasterio de San Miquel dels Reis. Un yacimiento arqueológico privilegiado que conservó durante décadas las pruebas del crimen. En 1966, tras su definitivo cierre —debido, entre otras razones, a una fuga colectiva de presos— se convirtió en un almacén, en un depósito de coches y muebles raídos, hasta que, en 1999, el Gobierno de Zaplana planificó su restauración, borrando las huellas de la represión para siempre, en un intento por rejuvenecer al monasterio en su versión menos laica.
La prisión que albergó miles de presos políticos desapareció, auspiciada y financiada por los poderes públicos. Fue allí, sin embargo, donde el llamado Govern del Botànic (PSOE, Compromís, Podem, EUPV) ubicó, en 2023, un Aula Didáctica de Memoria Democrática que duró tan solo un año y medio, pero por la que pasaron miles de alumnos y alumnas de Secundaria.
¿Por qué os cuento esto? Porque con la inversión de tan solo dos profesores de Secundaria en comisión de servicio se consiguió, durante unas horas al día, que ese mastodóntico edificio —renacentista en su mayor parte— recuperara la memoria mediante un ejercicio de imaginación colectiva. No hizo falta más. Y no me malinterpreten: habría sido deseable que se invirtiera en crear un aula física, una arquitectura efímera que hiciera visible su aspecto exterior en el pasado, etcétera. Pero la resignificación se hizo, a pesar de todo. Porque, para resignificar un espacio, el primer ingrediente necesario es la voluntad de llevarlo a cabo; en definitiva, ejercitar el deber de memoria.
Como decía, últimamente se ha abusado en la prensa del término “resignificar” para referirse a uno de los lugares más emblemáticos de la dictadura: el Valle de Cuelgamuros. Pero se ha empleado incorrectamente. En mi opinión, se ha usado de forma engañosa por parte del ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha negociado con la Iglesia católica los términos del proceso. Y, al hacerlo, ha legitimado a la jerarquía eclesiástica —principal aliada de Franco— como agente necesario en el proceso de democratización del infame mausoleo del dictador.
De esa negociación se desprende un mensaje terrible: que las víctimas no tienen vela en este entierro; que quienes deben quedar satisfechos con las actuaciones derivadas del concurso público para “resignificar” el Valle son los sucesores de los victimarios. Y, por supuesto, se desecha la desacralización del lugar como medida necesaria para su reconversión de monumento apologético de la dictadura a lugar de memoria democrática.
Por cierto, a ese concurso público solo pueden optar grandes constructoras, y en el jurado se cuenta con un miembro de la curia. Con esos mimbres, más que de resignificación, estamos hablando, en todo caso, de designificación. Porque, de nuevo, se sitúa la megalomanía por encima de la interpretación. Pareciera que el objetivo real es reconvertir el mausoleo del dictador en un mausoleo a la Transición. Un edificio ciclópeo que, tal vez, cubra el actual y en cuyo interior se cuente algo, aunque todavía no se sabe muy bien qué. Y, para colmo, parece que se hará manteniendo la gran cruz que hizo levantar el criminal para ensalzar su cruzada contra la democracia.
Y fue entonces cuando me di cuenta, gracias a un artículo del historiador Manu Martín titulado ‘Cómo condenar al franquismo sin destruir la cruz del Valle’, publicado en eldiario.es, de que hace falta voluntad para resignificar un espacio infame, pero, sobre todo, hace falta imaginación. Las asociaciones memorialistas llegaron en 2018 a un consenso: la cruz debía eliminarse. Y yo siempre he defendido esa propuesta, porque es cierto que hay elementos de significación irreversible, como, por ejemplo, la cruz gamada o el aguilucho patrio.
Sin embargo, Martín defendió la posibilidad de mantener ese vestigio del crimen e intervenir en él. Puso como ejemplo el relieve fascista de Bolzano, en el que se representa a Mussolini sobre un caballo, junto a la inscripción “Credere, Obbedire, Combattere” (creer, obedecer, combatir). En 2014, se convocó un concurso público para resignificar la obra, que consistió en superponer unos carteles LED con una frase de Hannah Arendt que cubre el lema fascista. Dice así: “Nadie tiene derecho a obedecer”.
¿Se imaginan algo así en la cruz del Valle de Cuelgamuros? Yo fantaseo con la cruz abigarrada de grafitis de los familiares de las víctimas y de los supervivientes. Sueño con esa utópica posibilidad casi cada día.
Pero existe otro problema: en la mayoría de los casos, hemos confundido la defensa del patrimonio con el fin de la historia. Es un proceso psicológico parecido al que señalaba el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga cuando, sabiamente, decía que una gran mayoría de personas nos consideramos darwinistas porque creemos en la evidencia científica de la selección natural de las especies, pero, en el fondo, si se rasca con la uña, de esas mismas personas emergen argumentos lamarckianos. Por ejemplo, si le preguntamos a alguien al azar por qué las jirafas tienen el cuello largo, es probable que —de forma intuitiva— fundamente su explicación en la necesidad de alcanzar las hojas de los árboles, lo cual se habría ido transmitiendo por herencia, alargando el cuello de sus descendientes. En lugar de explicarlo con base en la selección natural —es decir, que las jirafas con cuellos más largos tenían mayores ventajas para sobrevivir y reproducirse en un entorno donde escaseaba el alimento a nivel del suelo—, se recurre a una lógica más próxima a Lamarck. Con el patrimonio ocurre algo semejante: hemos confundido su defensa y conservación con la inmutabilidad, con la sacralización laica de la piedra.
Seguramente habrá más gente que apueste por la dinamita antes que por la intervención, por la mancha, por el presunto vandalismo. Y por eso digo que, a pesar de que denostamos las teorías del fin de la historia —tanto en sentido teórico como literal—, aquellas que consideran que, tanto el capitalismo como la democracia liberal constituyen la última estación del viaje, concebimos los monumentos y edificios institucionales como tótems sagrados que no deben tocarse, que no deben mezclarse con el ahora, que deben permanecer incorruptos, como los cuerpos de los faraones.
Y es una contradicción irresoluble, porque estamos, de esa forma, borrando la huella de nuestro estrato. Estamos negándonos el diálogo con los lugares de nuestro tiempo, como si no tuviéramos ya nada que decirnos, como si la historia no fuera a continuar después de nuestra muerte.
Tal vez esta idea se plasme mejor tomando a los grafitis como ejemplo paradigmático. Yo abomino de la restauración que tapa las palabras de los muros. Y me emociono cuando me acerco al vano de una iglesia y descubro, por ejemplo, los mensajes que dos hombres, en pleno 1939, dejaron inscritos en la piedra para dejar constancia de su estancia efímera en ese recinto. Eso me ocurrió en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Y esas inscripciones negligentes han resultado ser una de las pocas evidencias del campo de concentración temporal que el ejército de ocupación improvisó en la Basílica de la Vera Cruz inmediatamente después de su trágica victoria.
Pero no hace falta ir tan lejos en el tiempo para evidenciar el peligro de defender un espíritu conservacionista hacia el patrimonio arquitectónico que, de forma inconsciente, aboga por borrar las huellas del presente en cualquier escenario. Por ejemplo, la primera masiva manifestación en València como consecuencia de la actuación negligente del gobierno de Carlos Mazón durante la terrible dana, que se cobró 229 vidas. Esta será, inevitablemente, una fecha que pasará a la historia. Afortunadamente, decenas de grandes fotoperiodistas inmortalizaron escenas que ya forman parte de la memoria colectiva del pueblo valenciano.
Porque, a la mañana siguiente de la gran manifestación, se ordenó borrar las huellas que la muchedumbre enrabiada y doliente había dejado en la fachada pétrea del Palau de la Generalitat: cientos de manos enfangadas, cual pinturas rupestres, simbolizando tanto a quienes murieron en el barro como a quienes, solidariamente, limpiaron las calles y casas de los pueblos arrasados, desaparecieron en menos de doce horas. Nadie se planteó la importancia de conservar, al menos, un fragmento de esa memoria embravecida; nadie se planteó la importancia de preservar el estrato de nuestro presente.
Artículo publicado en Pikara Magazine el 19-11-2025.
