Joaquín Urías (Sevilla, 1968) es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y ejerció como letrado del Tribunal Constitucional. Es una de las voces más críticas con el sistema judicial español y acaba de publicar La Justicia en el banquillo (Arpa, 2024), un libro en el que analiza el perfil conservador de la carrera judicial, las posibles mejoras a introducir en el sistema de acceso por oposición y, también, fórmulas para combatir los distintos casos de ‘lawfare’ que aprovechan los procesos judiciales para influir en la política. El también columnista de elDiario.es considera que los jueces tienen una “conciencia de casta” que les impide analizar este fenómeno de forma correcta y en profundidad.

Una de las conclusiones del libro es que “parece claro” que existe “un problema” con los jueces. ¿Cuál es ese problema?

No han aprendido o nadie enseña a estos jueces a ser imparciales. Parece una tontería, pero creo que es la esencia de la función judicial. Los jueces estudian una oposición, saben muchísimo, cantan los temas, lo que tú quieras. Pero no tienen formación específica para cuando entran en una sala de juicios ser capaces de decir: “Lo que la sociedad espera de nosotros no es que impongamos nuestra moral y creencias sino que la sociedad espera que apliquemos la ley de manera limpia y transparente”. Y no son capaces. La incapacidad para ser imparciales o administrar justicia de manera limpia y sin que esté mezclada con su manera de pensar.

¿Existe el juez completamente imparcial?

Lo primero que tiene que hacer un juez es ser consciente de que, como ciudadano, no puede ser imparcial y, a partir de ahí, empezar a buscar soluciones. Pero en España los jueces dicen: “Yo soy 100% imparcial”. Y en el momento en que dicen eso ya están poniendo los medios para minimizar el impacto social de su creencia. El punto de partida tiene que ser que asumamos que nadie es imparcial, pero que hay unos funcionarios que tienen que aprender, estudiar y formarse para ser lo más imparciales que sea posible.

Afirma en su libro que la mayor parte de la carrera judicial es conservadora. ¿Qué significa que un juez sea conservador?

Que los jueces sean de una ideología o de otra en principio no debería ser relevante. No deberíamos ser capaces de saberlo siquiera. Pero en un país donde hay poca imparcialidad la ideología del juez se vuelve muy relevante. Y ahí vemos que los jueces no representan, digamos, la ideología social. Tu ves cómo piensa la sociedad española y la Justicia no es un reflejo. Está compuesta por personas que están casi casi exclusivamente en un lado de una posición conservadora o a veces ultra conservadora. La sociedad es mucho más progresista de lo que es la judicatura y a esa discrepancia, si le sumas el hecho de la dificultad de quitarse el sesgo político, hace que muchas decisiones que toman nuestros jueces a diario estén imponiendo una moral, no ya unas leyes, que no es la mayoritaria.

No hay que imponer la mayoritaria, no hay que imponer ninguna. Ya que imponen una moral, por lo menos que haya una consonancia de la moral que tienen los jueces y la mayoritaria social. Pero los jueces pertenecen a un grupo social muy concreto, que es muy conservador, muy de derechas, que se mueven en ciertos círculos, muy religiosos… Tenemos muchos indicios para saber cómo piensan los jueces.

¿Es una oposición el filtro igualitario de acceso a la carrera que defienden los jueces?

Es objetiva y en la medida que es objetiva es un sistema igualitario. Todo el mundo sabe que eso es lo que te exige la oposición y quien quiera se la puede preparar en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que no es bastante con que sea un sistema igualitario, es un sistema igualitario sometido a determinadas condiciones. A que yo tenga un preparador, que tiene que ser un juez, sometido a cantar, a que te vistas con los demás jueces… Un sistema que no mide ninguna capacidad para juzgar. Ese juez no se parece al juez que necesitamos en una sociedad democrática del siglo XXI.

Jueces y fiscales preparan a aspirantes para entrar en la judicatura, tal y como explicó elDiario.es, cobrando en ocasiones en negro a sus alumnos. Dice en su libro que este mundo “es fundamentalmente turbio”.

Casualmente en el mundo de la Justicia, que es donde más apego debería haber a la ley, es muy frecuente que los preparadores cobren en negro. Es sorprendente. Hablamos de jueces y fiscales en activo que están incurriendo en ilegalidades. Muchas veces se cobra en negro y es turbio porque quien sea tu preparador influye mucho. Cuando llegas a la oposición se sabe quién te ha preparado. Es tu carta de presentación. El preparador no hará que apruebes si no estás preparado, pero teniendo determinado preparador se te abren determinadas puertas, se te mira de determinada forma. También es una relación que no es sana ante el aspirante a entrar en un grupo social y el que te invita a entrar.

¿Cómo se podría mejorar el sistema de oposición?

Hay que aumentar la imparcialidad sin reducir la independencia. Cualquier medida hay que tomarla partiendo de que no reduzcamos la independencia. Por ejemplo, que se valore si llevas un tiempo trabajando en otras profesiones. Si todos los jueces hubieran trabajado dos o tres años de su vida como abogados, sentándose en el otro lado, verían las cosas de otra forma. Y serían capaces de ver cuándo un juez no es dialogante y cuándo es maleducado. En el otro lado eres consciente. Creo que deberían primero trabajar de abogado o una profesión similar. Evidentemente hay que saber mucho derecho pero también otra cosa: que se mida la capacidad de resolver conflictos, empatía y otros factores esenciales para convertirse en juez.

¿Aceptan los jueces críticas sobre su trabajo de quien no es jurista?

Hay una resistencia muy evidente. Cuando tú entras a través de una oposición muy dura, que no digo adecuada, sientes que perteneces a una casta y consideras que quien no ha sufrido lo que tú has sufrido no te puede valorar. Hay muchos jueces que creen que cualquier persona que no lo haya pasado tan mal como ellos durante la preparación no puede opinar de sus decisiones. Y tenemos un problema, que es confundir la independencia judicial con la posibilidad de crítica. Hay un caso muy interesante que llegó a Estrasburgo de unos activistas condenados por criticar a una jueza. Los jueces de Estrasburgo dijeron que es imprescindible que se pueda criticar a los jueces. Demuestra que nuestros jueces no están en la onda mundial y europea. Tienen una conciencia de casta que no tienen otros jueces. Un juez está sometido a la crítica de la ciudadanía.

Jueces de todo el país llegaron a manifestarse contra las alusiones políticas al ‘lawfare’. ¿Qué le parece la reacción de la judicatura española a este debate?

Demuestra que no leen. Los jueces españoles, la mayoría, no han querido ni leer ningún artículo científico sobre qué es el ‘lawfare’. Si estudiaran sabrían que el ‘lawfare’ no siempre implica que un juez esté a favor de la utilización política de los tribunales. A veces son meros espectadores. Cuando alguien pone 50 denuncias a Ada Colau a veces el juez tiene que admitir e investigarlas. Cualquier jurista de cierto prestigio habla de ‘lawfare’ y los jueces españolen dicen que no existe. Pues que lean un poco.

¿A qué responde el término ‘lawfare’?

Hay distintos casos y tipos de ‘lawfare‘ y cada uno tiene una solución diferente. Hay casos, como los de Mónica Oltra o Ada Colau, en los que se instrumentalizan los tribunales para intentar acallar a alguien o sus políticas. En ese caso la solución tendría que ver con cambiar las normas procesales. En otros casos, como el de Victoria Rosell, funciona el Código Penal, pero no tenemos pruebas casi nunca. En el caso de Salvador Alba y Victoria Rosell alguien hizo una grabación, pero si no lo grabas… Y luego hay casos que son realmente políticos, jueces que están actuando políticamente, como cuando Manuel García Castellón dice: “Pues ahora voy a inventarme que Puigdemont es terrorista y que se hunda el Gobierno de izquierdas”.

¿Qué papel juega en todo esto la falta de medios materiales y personales en la Justicia?

El servicio público de la Justicia está mal cuidado. España tiene muchos menos jueces de los que debería tener. No estarían con la carga de trabajo que tienen: trabajan muchísimo, están sometidos a una presión extraordinaria, aunque eso no justifica determinadas cosas. Si trabajaran en mejores condiciones muchos de estos temas se podrían suavizar.

¿Está de acuerdo con que sean los jueces los que elijan de forma directa a la mayoría de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial?

Que los jueces elijan a los jueces” es un lema que suena muy bien hasta que entiendes qué está diciendo. ¿Que los políticos elijan a los políticos? Pues no. Nosotros como sociedad tenemos que decidir a dónde va el Poder Judicial. ¿Qué modelo de Justicia queremos? Eso no lo pueden elegir los jueces. Que los jueces elijan a los jueces quiere decir que el compadreo judicial va a ser importante en el desarrollo de tu carrera profesional. No deberían ser los jueces los que elijan al órgano de gobierno de los jueces.

En España decenas de jueces y fiscales hacen uso de las redes sociales, identificados como juristas. Aboga también por un cambio de regulación en el uso de redes sociales como X por parte de magistrados que se identifican como tal en sus perfiles.

Cuando el juez es un ciudadano y está en la calle sin su toga tiene todos los derechos del mundo. Cuando está en la sala de juicio vestido con su toga es un poder del Estado y no tiene libertad de expresión. En otros países cualquier intervención pública en la que se presente como magistrado tiene que contar con autorización y eso no atenta contra la libertad de expresión. Podría suponer un avance, aunque no es la solución definitiva.

Se podría llegar a una situación en la que el Consejo autorice a magistrados a opinar sobre cuestiones jurídicas. Hablar explicando cómo funciona la Justicia. Es algo necesario y útil que se explique, por ejemplo, un proceso judicial concreto. Pero no tiene por qué autorizar lo que estamos viendo estos días: un montón de jueces a favor de Israel, que están muy de acuerdo con que estén asesinando personas. Que lo diga un juez es chocante.

Que haya que pedir permiso, o que sea condicionado. Pero lo que no se puede hacer es trampas al solitario: yo soy las dos cosas, juez y ciudadano. Quiero tener la libertad de expresión de un ciudadano, pero el prestigio de un juez. Tenemos jueces a los que se escucha porque hablan como jueces, pero con opiniones de ciudadanos y hay que diferenciar. El Poder Judicial no opina. En España hemos tenido una situación rozando lo trágico. Jueces vestidos de jueces, con sus togas, protestando en la puerta del juzgado contra una ley como la de amnistía. Ahí tenemos un precedente español pésimo: jueces a los que no les importa vestirse de jueces para hablar de política en la calle. Yo, personalmente, a un juez que, con su toga, opina de política lo sancionaría o lo expulsaría de la carrera, sinceramente

Artículo publicado en eldiario.es el 13/05/2024