A quienes siguen mis escritos, debo confesarles que he estado dando muchas vueltas en si debía tratar el tema sobre el que versa este artículo, ante la polarización máxima que se está generando en la sociedad española. Sucede que cada uno de nosotros está tomando posición a favor o en contra, y, como casi siempre, lo hacemos por lo que nos cuentan o por lo que oímos, sin profundizar mínimamente en lo que subyace ni en los intereses en juego. Me refiero, obviamente, a intereses políticos y de ostentación del poder de esa naturaleza y, en concreto, a las trampas que oculta el sobrevenido debate acerca de la amnistía.

Los fantasmas del pasado retornan al presente político sobre la base de una hipotética amnistía a los condenados del procés y a favor de quienes estén afectados por aquella investigación u otras que surgieron como las setas y todavía siguen tramitándose. Un posible perdón del que, en realidad, en este momento, nadie sabe nada.

Es decir, debemos ser cautos en las valoraciones y en los juicios. Por eso, para hablar con propiedad, lo primero que no debe hacerse es descalificar y anatemizar al contrario por la frustración propia de quien ve que se le aleja la posibilidad de gobernar. En segundo término, recordar que ya no existe el delito de sedición, ni en la sentencia se tomó en cuenta el delito de rebelión, mal que les pese al grupo de fiscales fundamentalistas que aún lo proclaman. Hay que añadir que solo ha quedado un residuo político muy importante, a los efectos de la postura que mantengo aquí, en la base de aquellas conductas y en las de desobediencia, prevaricación o malversación restantes, de los demás presuntos responsables.

En tercer lugar, es preciso resaltar que la amnistía y su otorgamiento no están prohibidas en la Constitución Española, que sí lo hace con los indultos generales art [62 i) CE] aunque lógicamente debe existir una causa fundada que la motive, que implique acabar con un obstáculo que pone en peligro la convivencia de forma constatable en nuestro país, y que deberá ser bien explicada en su preámbulo. Lo que sí está vedado por derivación, además de la arbitrariedad en su aprobación, es la impunidad de las acciones típicas penales que puedan cometerse posteriormente.

 ¿Patente de corso? ¡No!

La amnistía comporta necesariamente la preexistencia de un delito; su otorgamiento implica la extinción de responsabilidad criminal por el hecho cometido, pero no supone la despenalización de una conducta si se vuelve a cometer un delito posterior de naturaleza similar; es decir, no es una patente de corso, como parece sugerirse, apenas veladamente, por quienes son contrarios a esta medida.

Por lo demás, las diferencias entre indulto y amnistía son múltiples y palpables. Como botón de muestra, el indulto es decisión del Poder Ejecutivo mientras que la amnistía debe ser definida por una ley y, por ello, es competencia exclusiva y excluyente del Poder Legislativo (Las Cortes) y después, en su caso, controlada por el Tribunal Constitucional.

Es de obligado cumplimiento por el Poder Judicial, aplicada a través de jueces independientes, con los límites y requisitos que en esa norma se impongan y los que marca el Derecho Internacional de los Derechos Humanos plasmado en los Tratados y Convenciones ratificados por España. Por cierto, en ellos (véase las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos) solo se establece un límite excluyente: los delitos de genocidio, lesa humanidad y de guerra, que no tuvo en cuenta el legislador al aprobar la ley de Amnistía española de 1977 ni sus intérpretes judiciales, en detrimento de las víctimas de los crímenes franquistas, pero que ahora se deberán tener muy presentes en la aplicación y desarrollo de la ley de Memoria Democrática de octubre de 2022.

Y una última consideración preliminar: en España, después de 1996 han tenido lugar hasta cuatro amnistías patrocinadas por los diferentes gobiernos del PP, eso sí, en materia fiscal, que afectaron a quienes más eludieron sus obligaciones con nuestro país y sus recursos y, por ende, perjudicaron a los españoles, de manera general. Quizás, se debería reflexionar mucho más sobre este particular, antes de seguir impartiendo “doctrina”.

Circo mediático-político

En el circo mediático-político donde nos están obligando a movernos, antiguas glorias socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra han salido a la palestra a desautorizar a su propio partido. No parece sensato que quienes fueron partícipes en la elaboración de aquella normativa y que ostentaron posteriormente las más altas responsabilidades en un tiempo en el que algunos hechos fueron muy cuestionables, en vez de sumar y explicar la situación y contribuir a la pacificación del ambiente político, lo agiten en contra de una opción democrática legítima. Una opción como es la de un posible gobierno de coalición, apoyado por otros grupos que, de acuerdo con el sistema proporcional electoral español, están tan habilitados como cualquier otro para apoyar o no esa posibilidad.

Quizás debería dejarse de lado el tono peyorativo e incendiario que se utiliza contra quienes eligen un posicionamiento político independentista en favor de quienes se suman a la opción nacionalista española que, al parecer, es la única opción viable para aquellos que se apropian del concepto patria con carácter exclusivo y excluyente. España, piensan, una vez más, es solo suya.

En el caso del PP, en vez de estar centrado su líder en la investidura y en buscar los apoyos necesarios, como corresponde a quien pretende ser nombrado presidente del gobierno –si es que va en serio–, deja el testigo y el tambor a quien lo suele tocar de forma estridente: José María Aznar, aquel presidente que, junto con George W. Bush, mintió sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak con el propósito de que España entrara en conflicto bélico de la mano de Estados Unidos en una guerra ilegal. El mismo que aseguró que los atentados yihadistas del 11M en Madrid eran obra de ETA, tergiversando los datos, o aquel en cuyo gobierno y subsiguientes germinó la corrupción que puso a España en el disparadero. Las lecciones de moralidad deben darse desde el ejemplo y no desde la arenga, sobre todo si con ello se interfiere un desarrollo democrático nada fácil como en el que nos hallamos.

Pero si bien el PSOE ha soslayado las palabras de sus antiguos líderes, en el caso de los populares la situación es más compleja y va a más: Aznar ha reclamado de forma contundente una movilización contra la amnistía que se ha cruzado con las intenciones que pudiera tener Génova y ha resultado en un galimatías de quién dijo antes qué, con frágiles aclaraciones por parte de la actual dirección del partido. Sobre todo, pone de manifiesto que el antiguo presidente sigue con el bastón de mando vigente en la formación y evidencia la debilidad del candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo. Mientras, la lideresa madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se relame ante la situación apoyando con toda entrega la postura de Aznar. Ciertamente lo mejor que les puede suceder es que ese día llueva torrencialmente en Madrid y se vean obligados a refugiarse en algun bareto de la zona que finalmente elijan.

Que no nos engañen

El asunto de la amnistía dará mucho que hablar, y habrá que estar muy pendientes de su contenido, límites, desarrollo y ámbito de aplicación, pero nada impide su presentación y aprobación si se dan las mayorías parlamentarias suficientes. De momento, y a pesar de no estar cerrado, ha servido para alimentar la argucia que el PP inició cuando anunció la investidura difícilmente posible de su candidato, que ha dedicado todo este tiempo a defenestrar al presidente del gobierno en funciones y que va arreciando en sus críticas conforme se acorta el tiempo para el desastre anunciado y no menor ridículo nacional. En ese contexto la algarada, se llame como se llame, del acto del PP impulsado por el señor Aznar que, al parecer, ha olvidado sus conversaciones con ETA y sus decisiones al respecto para apoyar aquel intento de negociación, no deja de contribuir al esperpento que nos están obligando a padecer hasta que llegue el acto de votación de la persona de Núñez Feijóo en el Congreso.

El PP lleva en esta tesitura desde que la moción de censura les descabalgó de la Moncloa, efecto de su mala praxis en materia de corrupción, no lo olvidemos. Fueron precisamente estos hábitos perversos los que precipitaron la caída sin alas del paraíso y el posterior batacazo de Mariano Rajoy. A ello hay que añadir que cuando se hunde un presidente, su desplome supone además el derrumbe de varios cientos de cargos públicos de diferentes niveles y de sus allegados. Gente que en muchos casos vuelven a la Administración de la que proceden o a la empresa privada en su caso o, también, que directamente van a la calle. Queda en la añoranza el brillo del ordeno y mando y, en ocasiones, la certeza de unos honorarios más atractivos.

Además de tener la responsabilidad de colocar y recolocar a tanto personal que reclama su oportunidad, ocurre que la ausencia obligada de los puestos de responsabilidad lleva a desproteger aquellos sucedidos que no son del todo morales, éticos o incluso legales. Estoy pensando en casos como la operación Kitchen, de la que aún queda mucho por aclarar y que apunta hacia diferentes cargos importantes de los populares de la época. ¿Cuántas más cosas que no han trascendido quedan aún por revelar? Las prisas por conseguir el retorno dan la impresión de que tienen también que ver con esa inquietud porque nadie hurgue y saque conclusiones de temas que pueden afectar a la imagen –e incluso al bolsillo– de algunos de aquellos mandatarios y de los suyos. Así se entienden mejor estos desmesurados esfuerzos.

En su obra Ensayo sobre la ceguera, el Nobel José Saramago alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron, de ver a través de los tiempos sombríos que vivimos y, ante todo, de no perder la lucidez. Estoy de acuerdo: Hay que mirar más allá de las brumas de la distracción para evitar que estos profesionales de la falsedad y las argucias nos hagan caer en su trampa.

Artículo publicado en Infolibre el 18-09-2023