El accidente de un convoy de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana se produjo en Valencia, en la red de Metrovalencia dependiente de los Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana, el lunes, 3 de julio de 2006. Sobre las 13:03 horas, dos unidades de tren que transportaban a unas 150 personas descarrilaron en una curva cercana a la estación de Jesús causando la muerte a 43 personas, de las que 21 eran habitantes de la ciudad de Torrent, e hiriendo a otras 47.
Los familiares de las víctimas formaron una asociación que a pesar del fracaso de la comisión de investigación y del sobreseimiento judicial del caso no cejó en su empeño de “averiguar la verdad”. En repetidas ocasiones solicitó ser recibida por el presidente de la Generalidad de entonces, Francisco Camps, pero este nunca aceptó entrevistarse con ellos. Por otro lado, algunos afectados denunciaron que Juan Cotino, hombre de confianza de Camps y actual presidente de las Cortes Valencianas, había visitado a familiares de las víctimas de la localidad de Torrent -donde residía la mayoría- para veladamente ofrecerles un empleo e interesarse por si pensaban denunciar a la empresa FGV.13
La Asociación decidió realizar una concentración el tercer día de cada mes en la Plaza de la Virgen de Valencia para que el caso no fuera olvidado, lo que ha venido sucediendo en los últimos siete años. Como señaló su actual presidenta Beatriz Garrote, hermana de una de las fallecidas en el accidente: «No nos cansaremos hasta averiguar la verdad». El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra recibió a la Asociación poco después de ocupar el cargo tras la dimisión de Camps —por haber sido imputado por un presunto delito de cohecho impropio del que fue absuelto—, pero se volvió a desentender del caso alegando el sobreseimiento judicial.
De los posibles responsables, Francisco Camps ya no es presidente de la Generalidad; el conseller García Antón ha fallecido, y la gerente de FGV, Marisa Gracia, se vio obligada a dimitir en 2012 al ser imputada por una presunta adjudicación irregular de contratos. Sin embargo, la presidenta de la Asociación sostiene que el Gobierno valenciano mantiene una deuda política y moral con las víctimas y sus familiares.