El tribunal ha dado la razón a Antonia, que en 2014 tuvo que trasladarse de Murcia a Madrid porque el hospital público que seguía su embarazo no quiso practicarle la interrupción del embarazo
Los jueces pueden y deben determinar si algo es ilegal pero no decidir sobre si las medidas sanitarias que se adoptan son proporcionadas y pertinentes técnicamente. Ni tienen la formación para hacerlo ni debería ser esa su función
